La agencia Moody’s Ratings decidió mantener la calificación soberana de la República de Panamá en Baa3 con perspectiva negativa, tras concluir su revisión periódica. La decisión no implica cambios respecto a la evaluación anterior y refleja tanto fortalezas estructurales como riesgos fiscales latentes.
Según el informe publicado, la calificación se sustenta en el sólido crecimiento económico del país, el rol estratégico del Canal de Panamá, y un historial de inversiones sostenidas, factores que continúan respaldando la resiliencia macroeconómica panameña.
A pesar del impacto económico generado por el cierre del proyecto minero Cobre Panamá, la calificadora destaca que el país creció un 2.9% en 2024 y proyecta una recuperación del 4% para 2025, impulsada por el aumento de la actividad canalera y el dinamismo del sector privado.
Moody’s también analizó los efectos fiscales de la reciente reforma al sistema de pensiones. Aunque considera que fortalece la sostenibilidad a largo plazo, advierte que implicará mayores aportes estatales, lo cual podría limitar la capacidad del Gobierno para atender otras prioridades presupuestarias.
La agencia reiteró su perspectiva negativa ante la posibilidad de un estancamiento en la consolidación fiscal y el riesgo de un aumento en los costos de financiamiento soberano, si no se logra reforzar la credibilidad de la política fiscal. La calificación podría estabilizarse si se implementan medidas fiscales creíbles que permitan reducir el déficit y mejorar la transparencia.
En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 7.4% del PIB y la deuda pública subió al 62% del PIB, cifras que, según Moody’s, representan desafíos importantes para el ajuste fiscal. Aunque el Gobierno ha dado señales de voluntad para impulsar reformas estructurales, persisten rigideces presupuestarias que dificultan una reducción significativa del déficit en el corto plazo.
Ante este panorama, el Gobierno de Panamá reafirmó su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, cuya meta es reducir el déficit al 4% del PIB en 2025. Para ello, ha reiterado su enfoque en un manejo eficiente y transparente del gasto público y en la ejecución de inversiones prioritarias, pilares clave para preservar la confianza de los inversionistas y las agencias calificadoras.
Redacción PBN con información del MEF
