El documento plantea 17 recomendaciones y seis criterios, entre ellos acatar el fallo de la Corte Suprema y que la solución no tenga costo para el Presupuesto General del Estado
La Comisión Interministerial sobre el sitio minero Cobre Panamá entregó este miércoles al presidente José Raúl Mulino su Informe Final, en el que recomienda evaluar la viabilidad de un acuerdo que resuelva los arbitrajes pendientes y establezca las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado de la mina, sin costo para el Estado y sin posibilidad de prórroga.
El informe, publicado el mismo día, contiene 17 recomendaciones y seis criterios para cualquier solución, pero no adopta ninguna decisión. Mulino hizo suyos los seis criterios y dijo que estudiará el documento antes de resolver. «Esos seis no se negocian. Todo lo demás se estudia», afirmó el mandatario, quien añadió que anunciará personalmente su decisión al país.
La comisión, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, recibió el encargo el 1 de julio de 2026.
Los seis criterios son: acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Ley 407 de 2023; la rectoría del Estado y la titularidad de la Nación sobre los yacimientos; ningún costo fiscal; transparencia verificable; prioridad a los afectados directamente por el cierre; y supervisión conforme a estándares internacionales.
Según el documento, el informe no fija fechas, no aprueba adjudicaciones ni desembolsos y no define la forma jurídica de una eventual solución, aspectos que corresponderían a los instrumentos que lleguen a negociarse.
AUDITORÍA AMBIENTAL
La auditoría integral, contratada por el Estado a SGS Panamá Control Services Inc., evaluó 370 compromisos ambientales. La comisión publicó tres lecturas del resultado sin elegir una: 98.92% de cumplimiento medido compromiso por compromiso, 97.5% si se incluyen los casos parciales y 87.73% en la calificación integral ponderada, que incorpora riesgos y pasivos futuros.
Se identificaron cuatro no conformidades, todas en flora, restauración ecológica y reforestación, y ninguna relacionada con estabilidad de relaves, calidad de agua o emisiones, según el informe. La comisión recomienda un plan de subsanación con verificación externa que abarque los nueve casos con algún nivel de no conformidad. La auditoría fue sometida además a una revisión independiente a cargo de una consultora eslovaca, sin costo para el país.
Los 15 tomos de la auditoría están publicados en el portal del Ministerio de Ambiente.
ESTADO ACTUAL DEL SITIO
El informe señala que no hay extracción minera en curso y que el sitio opera bajo un plan de preservación ordenado por el Estado. Se procesa material extraído antes de noviembre de 2023: de 31.6 millones de toneladas acopiadas, se ha procesado el 16%.
Esa fase, según el documento, se ha financiado con recursos generados en el propio sitio, ha dejado B/. 30 millones en regalías y ha generado 2,300 contrataciones directas.
COSTOS EN DISCUSIÓN
La comisión estima que cada día sin un marco definido el país deja de generar B/. 6.85 millones en divisas, B/. 3.79 millones de aporte al producto y B/. 1.28 millones en impuestos directos, cifras que el propio informe aclara son promedios diarios del total documentado.
Cerrar el sitio sin acuerdo costaría entre B/. 2,600 millones y B/. 3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años, de acuerdo con el documento, que combina una estimación del Ministerio de Comercio e Industrias de marzo de 2024 (US$800 millones a US$1,000 millones) con costos de mantenimiento declarados por la empresa a sus inversionistas.
El informe recoge también que el aporte sectorial al producto nacional cayó 45.6% en 2024 y que el cierre afectó más de 6,000 empleos directos y alrededor de 30,000 indirectos.
En cuanto a los arbitrajes internacionales iniciados desde noviembre de 2023, las cuantías reclamadas suman al menos US$27,000 millones en sus montos mínimos. El documento subraya que se trata de reclamaciones no reconocidas por el Estado ni adjudicadas por ningún tribunal, y recomienda que la terminación de todos los arbitrajes sea condición de cualquier acuerdo.
CONDICIONES DE CIERRE
Entre las recomendaciones figuran que la huella territorial del sitio no crezca y se reduzca de forma verificable, que se fije una fecha de término del cierre final con el pasivo residual cuantificado y financiado, y que el cierre avance con hitos fechados.
Navarro pidió además adoptar formalmente un plan de cierre respaldado por un fondo de garantía y que una revisión independiente confirme el cierre seguro. «Que el cierre no lo declare quien cierra», dijo.
El informe propone asimismo acompañamiento técnico a los municipios del área, un mecanismo de legado ambiental administrado por el Ministerio de Ambiente y la formalización del programa de monitoreo comunitario lanzado en agosto en el río Botija.
Las observaciones ciudadanas al informe podrán remitirse a través de los canales de los tres ministerios.
Fuente: Presidencia de la República de Panamá
Para ver el informe interministerial, clic aquí
