Esteban Tamayo, economista de Citi para la región Andina, advirtió sobre el desafío que enfrenta Panamá para mantener su grado de inversión, una situación que podría deteriorarse significativamente si no se toman medidas fiscales y estructurales clave en el próximo año. Según Tamayo, el panorama incluye presiones fiscales inmediatas, necesidad de reformas y riesgos políticos que complican la implementación de ajustes.
Un camino de cuatro pasos
Tamayo explicó que evitar la degradación crediticia requiere avanzar en cuatro áreas críticas:
- Reducción del gasto público:
Aunque el gobierno presentó un presupuesto austero para 2025, el proceso legislativo incrementó los montos aprobados, limitando los ahorros previstos. Si bien hay un leve ajuste, no será suficiente para generar el ahorro necesario, dejando al país en una posición fiscal frágil. - Reforma de la Caja de Seguro Social (CSS):
El sistema de pensiones enfrenta un déficit significativo, con el fondo de beneficios proyectado a agotarse en 2025. Aunque la reforma en discusión podría aliviar parte del desequilibrio a mediano plazo, no resuelve el déficit a corto plazo. El gobierno deberá destinar entre 1,000 y 1,200 millones de dólares para cubrir las pensiones el próximo año, aumentando la presión sobre sus finanzas y dificultando el cumplimiento de sus obligaciones de deuda. - Reforma tributaria:
Para enfrentar las crecientes necesidades de financiamiento, Tamayo destacó la necesidad de discutir una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos. Sin embargo, esta medida, considerada impopular, requerirá un esfuerzo de comunicación y consenso para ser aprobada en la Asamblea Nacional. - Gestión del conflicto con la mina Cobre Panamá:
Aunque la reapertura de la mina no resolvería el problema fiscal inmediato, podría evitar un choque financiero por posibles demandas de arbitraje internacional contra el Estado panameño. Mitigar este riesgo será esencial para mantener la estabilidad fiscal en el corto plazo.
Advertencias de las calificadoras de riesgo
La semana pasada, Moody’s cambió la perspectiva crediticia de Panamá a negativa, un llamado de atención que subraya la urgencia de estos ajustes. Actualmente, Fitch ya clasifica al país por debajo del grado de inversión, y si Moody’s adopta la misma postura, dos de las tres principales agencias de calificación degradarían la deuda panameña. Este escenario implicaría un aumento en los costos de financiamiento y una pérdida de confianza en el mercado internacional.
Voluntad política versus limitaciones
Tamayo reconoció los esfuerzos del gobierno panameño, encabezado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, por enviar señales de ajuste fiscal. Sin embargo, subrayó que pasar de la voluntad a la implementación efectiva es un desafío complejo. “Hacer tantas reformas en tan corto tiempo requiere mucho capital político y la aprobación de la población, elementos que parecen limitados”, señaló.
Con un horizonte crítico de 12 meses, Panamá deberá sortear obstáculos políticos y económicos para mantener su estabilidad financiera y evitar caer por completo fuera del grado de inversión.
