Por: Gustavo Valderrama Economista, especialista en Gestión Integral de Riesgos Bancarios y Macroeconomía. Maestría en Economía y Finanzas -INCAE. Ex-Viceministro de Economía (2018 – 2019).
La guerra con Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz mantienen la presión sobre los mercados energéticos. Para Panamá, sus efectos van más allá del precio de la gasolina: alcanzan el transporte, los alimentos, la logística y los costos de operación empresarial.
Esta presión externa llega mientras Panamá sigue creciendo, pero con una demanda interna que no muestra la misma fortaleza para todos los hogares y empresas. El crecimiento del PIB puede convivir con ingresos insuficientes y una capacidad de consumo limitada.
Aunque el empleo ha mejorado, seguimos lejos del pleno empleo. Además, el subempleo por ingresos insuficientes reduce la capacidad de muchas familias para sostener su consumo. No basta con tener más personas ocupadas: también importa cuánto ganan y qué pueden comprar.
A ello se suma un espacio fiscal reducido y el riesgo de que una menor inversión extranjera debilite la generación de proyectos, empleos y demanda.
La dolarización tiene ventajas, pero no elimina estas vulnerabilidades. Un dólar más fuerte puede favorecer las compras en países cuyas monedas se deprecian. Sin embargo, también puede encarecer nuestros servicios para clientes que reciben ingresos en esas monedas, afectando actividades como el turismo y otros servicios sujetos a competencia regional.
El beneficio cambiario tampoco garantiza importaciones más baratas. Los bienes de consumo y los insumos que adquirimos incorporan los mayores costos de energía, materias primas, producción, seguros y fletes de nuestros proveedores. Esa es una vía de transmisión de la inflación importada.
Si además aumenta el costo de fondos de los bancos, pueden encarecerse los nuevos créditos y aquellos sujetos a revisión de tasas, presionando el consumo y la inversión.
Una empresa puede pagar más por importar, más por transportar y más por financiar su inventario, mientras sus clientes mantienen una capacidad de compra limitada. Trasladar los costos presiona los precios; absorberlos reduce la rentabilidad.
El Niño añade otro riesgo. Una menor disponibilidad de agua en la cuenca del Canal podría limitar su capacidad operativa y de crecimiento, aun con medidas de adaptación. Las afectaciones a cosechas locales o de países proveedores también podrían encarecer los productos agropecuarios.
Esta coyuntura plantea una disyuntiva para el Estado, continuar apoyando la actividad y proteger a los hogares mientras trata de preserva la sostenibilidad fiscal.
El reto de Panamá es sostener el crecimiento y convertirlo en mejores ingresos. Fortalecer la inversión, la productividad, la seguridad hídrica y el empleo de calidad será determinante para proteger el poder adquisitivo y la competitividad del país.
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