Por: Marcelo Deschamps es Ingeniero Mecánico del IME, con MBA en Finanzas del IBMEC y Magíster en Administración de Empresas de COPPEAD/UFRJ. Certificado por la SEC, CFTC, CFTE y la Universidad de Nicosia en regulación de mercados, derivados, Fintech, IA aplicada a las finanzas, blockchain y DeFi. Cuenta con más de 30 años de experiencia en mercados de valores y regulación, incluyendo 18 años en el Banco Central de Brasil y B3, donde lideró la creación de la Ley de Pagos y la regulación de las Fintechs. Es asesor senior del CRIA de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil y ángel inversor en más de 20 startups.
La inclusión bancaria y la inclusión financiera no son lo mismo en el sentido de la inclusión económica. La primera se refiere simplemente al acceso a una cuenta bancaria y a los servicios bancarios proporcionados al usuario, mientras que la inclusión financiera se refiere más al acceso, pero también a cómo las personas pueden utilizar diversos servicios financieros de manera eficiente y económica, y a un costo menor para el consumidor (pagos, ahorros, crédito, seguros y servicios financieros digitales).
Este último es un punto más importante a considerar en Panamá. El país tiene un alto PIB per cápita, un nivel de urbanización, un sector financiero y es un centro de servicios internacionales. Se espera que el país tenga un nivel de inclusión financiera más alto que el que observamos y similar al de otras naciones latinoamericanas con mayor penetración de servicios financieros.
El Banco Mundial informó que en 2024, el 64.1% de los adultos panameños tenían una cuenta con un banco o proveedor de dinero móvil, Panamá se sitúa por debajo de la mediana y del promedio de América Latina de 73%. Como resultado, Panamá es actualmente un país donde el género, el nivel de ingresos, la educación y la ubicación geográfica siguen siendo significativos.
Estos datos nos dicen que el desarrollo económico y financiero no se ha traducido en acceso y uso de servicios financieros por parte de toda la población.
Panamá ha avanzado mucho en inclusión financiera, pero el acceso formal no implica una inclusión financiera plena y efectiva. Una cuenta bancaria por sí sola no muestra que una persona use regularmente el sistema financiero, pueda obtener crédito en las circunstancias adecuadas, tenga un plan de ahorro, seguro y un sistema de pagos en marcha, o se beneficiará de la economía digital. Y la inclusión financiera es lo que nos permitirá a nosotros y a nuestras empresas realizar pagos de manera segura y eficiente, ahorrar y acumular riqueza y activos, obtener crédito para trabajos productivos o de emergencia, y comprar seguros o tener un mejor sistema de gestión financiera en marcha. También puede reducir la informalidad, fomentar la digitalización de la economía, aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas, y abrir oportunidades para los sectores económicamente subdesarrollados.
Desde la perspectiva de la política pública, un mayor nivel de inclusión financiera también mejorará la trazabilidad de las actividades económicas y el uso de canales financieros formales, lo cual es especialmente relevante para el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Panamá es particularmente vulnerable a la falta de datos generales, neutrales, frecuentes, regulares y desagregados sobre inclusión financiera. Existen datos internacionales (por ejemplo, el Global Findex del Banco Mundial), pero no son suficientes para un sistema de información nacional que proporcione una imagen más completa de quién está excluido del sistema financiero, cuáles son las principales barreras de acceso, y cómo estas personas lo utilizan de manera efectiva, y cómo son las diferentes regiones, niveles de ingresos, edades, actividades económicas y tamaños de empresas. Sin estas métricas, es difícil para nosotros identificar grupos prioritarios, definir objetivos cuantificables y evaluar los resultados de las medidas tomadas.
Una pregunta crítica en la política pública es, ¿cómo diseñamos, implementamos y evaluamos una política de inclusión financiera exitosa cuando no hay estadísticas nacionales suficientes que proporcionen una base, identifiquen brechas, apunten a los objetivos y midan el éxito?
Si no tenemos indicadores, tendrás una falsa impresión del aumento en el número de cuentas abiertas como una expansión del acceso y uso efectivo de servicios financieros y no el crecimiento real de los servicios financieros. Por lo tanto, la estrategia nacional de inclusión financiera debería tener un sistema de medición y monitoreo permanente, con indicadores comparables y periódicos que no solo se centren en el acceso, sino también en cómo se utilizan bien los servicios financieros, cuánto de ellos es asequible y cuánto realmente se benefician las personas de ellos.
Fintechs y la inclusión financiera
Las fintechs son cada vez más importantes como herramienta para fomentar la inclusión financiera. Son capaces de abordar varios desafíos que existen en el sistema financiero: servicios digitales de bajo costo, procesos más rápidos de apertura y verificación de cuentas, sistemas de pago instantáneos, crédito digital, billeteras electrónicas, etc., y proporcionan acceso a personas con poca o ninguna relación con la banca tradicional y también son un gran actor en este contexto.
Estudios basados en los datos de Global Findex (Banco Mundial) e informes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) señalan una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el crecimiento del ecosistema fintech y la tasa de bancarización o tenencia de cuentas en la región.
En los mercados de mayor tracción (como Brasil y Colombia), los estudios de impacto indican que entre el 30% y el 40% de los nuevos usuarios de billeteras digitales señalaron que la fintech fue su primer punto de acceso al sistema financiero formal.
Por lo tanto, existe una fuerte evidencia global de que la digitalización financiera es una extensión del acceso y uso de los servicios financieros.
Los sistemas de pago rápido son un caso de estudio particularmente importante en América Latina y el Caribe: el Banco Mundial estima que el número promedio de pagos digitales al titular de una cuenta promedio ha aumentado de 154 a 587 transacciones mensuales, y el 61% de este aumento se debe a esos sistemas de pago rápido. En Brasil y Costa Rica, más del 85% de los adultos utilizan los pagos interoperables Pix y Sinpe respectivamente, lo que refleja cómo una infraestructura digital abierta a nuevos participantes puede convertir una cuenta financiera de un instrumento formal a un mecanismo que es utilizado diariamente por la población.
El caso de Brasil es particularmente relevante para Panamá. La proliferación de Pix junto con la digitalización de los servicios financieros y otros mecanismos de acceso llevaron a un aumento significativo en el número de clientes activos del sistema financiero de 77.2 millones en junio de 2018 a 152 millones en diciembre de 2023, y la proporción de adultos con cuentas activas aumentó del 46.8% al 87.7%. El número de clientes empresariales también aumentó de 3.4 millones a 11.6 millones en el mismo período.
Estos resultados ilustran el potencial de un ecosistema donde bancos, fintechs y proveedores de servicios de pago son capaces de crear e innovar en un entorno regulatorio que no compromete el control del lavado de dinero, la protección del consumidor y la seguridad digital.
Por otro lado, cuando la inclusión financiera se basa en gran medida en la expansión física y operativa de la banca tradicional, es más lenta y costosa, especialmente para la población rural, las personas de bajos ingresos y las pequeñas empresas.
La banca tradicional no se descuida; las fintechs y los bancos pueden desempeñar un papel como complementos y expandir la cobertura, reducir costos y abrir nuevos canales de acceso. En Panamá, la política de inclusión financiera para este sector de las finanzas necesita ser una política de inclusión financiera que no solo considere a las fintechs como empresas tecnológicas, sino también como aliados estratégicos de la política pública, con un entorno regulatorio justo y equitativo: innovadores y competencia, entrada responsable de nuevas personas con la capacidad de participar en el ecosistema, estándares KYC, prevención del lavado de dinero, protección de datos, ciberseguridad y protección al consumidor deben mantenerse.
El objetivo final no es aumentar el número de cuentas, sino construir un ecosistema financiero donde podamos permitir que las personas accedan, usen y obtengan los mejores servicios y productos financieros para las personas que los necesitan en nuestras vidas.
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