Ciudad de Panamá, octubre de 2026. El crecimiento de la demanda energética, la expansión de los centros de datos y las tensiones geopolíticas están modificando las condiciones de inversión y planificación del sector. La edición 2026 de Global Energy Perspective, publicada por McKinsey & Company, examina cómo la seguridad del suministro, la asequibilidad y la descarbonización influyen conjuntamente en las decisiones de empresas y sistemas eléctricos ante distintas trayectorias posibles de evolución del mercado.

El estudio registra un crecimiento de 2.7 % en la demanda mundial de energía durante 2025, año en el que aumentó simultáneamente el consumo de petróleo, gas, carbón y fuentes renovables. En su escenario de referencia, McKinsey prevé que hacia 2035 el aumento anual de la demanda podría duplicar el ritmo observado durante la década anterior, impulsado principalmente por economías emergentes. Esta expansión exige evaluar las necesidades de generación, redes y flexibilidad de los sistemas energéticos de manera integrada.

Las redes y la flexibilidad condicionan el ritmo de la electrificación

La infraestructura eléctrica aparece como una de las principales restricciones comunes a los escenarios analizados. Las líneas de transmisión y distribución, el almacenamiento, las fuentes de generación capaces de responder cuando se necesitan y las interconexiones determinan la posibilidad de transformar nueva capacidad de generación en suministro disponible y confiable. Si estas inversiones avanzan a un ritmo menor que la demanda o la incorporación de nuevas fuentes, pueden acumularse limitaciones de conexión, congestión y mayores costos de operación.

McKinsey estima que la inversión mundial anual en transmisión y distribución pasaría de US$443,000 millones en 2025 a US$970,000 millones en 2050, más del doble del nivel actual. Esta proyección subraya la magnitud del capital requerido para modernizar redes, ampliar su capacidad y asegurar que el crecimiento de la oferta energética se traduzca en un servicio continuo y competitivo.

Inteligencia artificial, consumo eléctrico y resiliencia

Los centros de datos constituyen otra fuente de presión sobre el sistema. En el escenario base del informe, su demanda eléctrica crecería a una tasa anual compuesta de 24 % hasta 2030, especialmente en los mercados desarrollados. Al mismo tiempo, McKinsey identifica aplicaciones de IA que pueden mejorar pronósticos, despacho, mantenimiento y optimización de redes. La planificación sectorial deberá incorporar tanto el aumento de consumo asociado a la infraestructura digital como las oportunidades de eficiencia que ofrecen estas herramientas.

El informe también examina la exposición del abastecimiento a tensiones internacionales. Aproximadamente el 30 % de la producción mundial de petróleo y gas enfrenta restricciones para participar plenamente en el comercio global, según el análisis. McKinsey considera además un escenario de mayor fragmentación geopolítica en el que relocalizar cadenas de suministro fuera de China podría incrementar entre 40 % y 50 % los costos de capital del almacenamiento con baterías, y entre 20 % y 25 % los de la energía solar. Se trata de estimaciones asociadas a ese escenario, no de aumentos ya observados en todos los mercados.

Cinco escenarios para orientar las decisiones

Global Energy Perspective 2026 considera cinco escenarios: continuidad de las tendencias actuales, mayor persistencia de los hidrocarburos, aprovechamiento simultáneo de distintas fuentes de energía, aceleración de la descarbonización y fragmentación del orden energético. Cada uno combina hipótesis sobre crecimiento, costos tecnológicos, seguridad y relaciones comerciales, por lo que sus resultados deben leerse como trayectorias posibles y no como un pronóstico único.

Para las organizaciones, el valor de este enfoque reside en contrastar sus planes de inversión y operación frente a condiciones diferentes. McKinsey plantea la necesidad de identificar señales que permitan revisar decisiones oportunamente, preservar opciones de abastecimiento y financiamiento y fortalecer la resiliencia de la infraestructura. La evolución del sistema energético dependerá tanto del desarrollo de tecnologías como de la capacidad de ejecutar inversiones, coordinar los distintos eslabones del sector y adaptarse a cambios de mercado.

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Ciudad de Panamá, octubre de 2026. Banistmo anunció una contribución de 260,000 dólares para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por el reciente terremoto en Panamá, mediante iniciativas desarrolladas en alianza con United Way Panamá y Glasswing International.

El aporte busca acompañar a las familias más allá de la atención inmediata de la emergencia, contribuyendo a la recuperación de espacios educativos, el bienestar emocional y el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades impactadas.

En alianza con United Way Panamá, el banco impulsará el programa “Reconstruyendo futuros”, dirigido a recuperar centros educativos y Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) afectados por el terremoto.

Las intervenciones contemplan reparaciones, recuperación de servicios básicos y reposición de equipamiento indispensable, según las necesidades de cada instalación.

Por su parte, junto a Glasswing International, Banistmo apoyará el programa “Cuidando a los que cuidan”, enfocado en brindar acompañamiento psicosocial a las personas que participan en la atención y recuperación de las comunidades.

La iniciativa contempla espacios de contención emocional, actividades de bienestar y formación en atención informada en trauma, con el propósito de fortalecer las capacidades locales para afrontar los desafíos derivados de la emergencia.

Más canales para sumar solidaridad

Como parte de esta respuesta, Banistmo aceleró la activación de Yappy que ya se encuentra disponible desde hoy para todos los clientes, fortaleciendo su ecosistema de medio de pago que cuenta, además, con Kuara, ACH Xpress, y transferencias a teléfonos de Banistmo a Banistmo.

Esto con el objetivo de facilitar que clientes y ciudadanos puedan realizar aportes económicos destinados a apoyar a las familias afectadas.

“Sabemos que la recuperación de nuestras comunidades requiere del compromiso de todos. Por eso, además de destinar 260,000 dólares para apoyar la educación y el bienestar emocional, queremos poner nuestro ecosistema de medios de pago al servicio de la solidaridad, para que más personas puedan sumarse y ayudar a las familias que hoy nos necesitan”, destacó Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidente de Banistmo.

Banistmo invita a sus clientes que deseen apoyar también estas iniciativas a que puedan hacerlo a las siguientes cuentas:

FUNDACIÓN CRISÁLIDA INTERNACIONAL – GLASSWING INTERNACIONAL:

01-1214178-4 Banistmo Cuenta Corriente

Contacto: Fransheska Quijada 6324-9712

FONDO UNIDO DE PANAMÁ:  

01-1275909-8 Banistmo Cuenta Corriente

Contacto:  Rina Rodriguez 6462-6052

Con estas acciones, Banistmo reafirma su compromiso con Panamá, sumando recursos, alianzas y capacidades tecnológicas para acompañar a las comunidades en su proceso de recuperación.

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Es la primera integración importante entre ambas firmas desde que Mastercard completó la adquisición de BVNK en agosto de 2026.

La plataforma permite a bancos, fintechs y empresas incorporar en sus propios productos, y bajo su propia marca, cuentas multimoneda que combinan monedas fiduciarias y stablecoins, conversión en tiempo real, tarjetas vinculadas a stablecoins y pagos a cuentas bancarias locales mediante Mastercard Move. Las instituciones también pueden usarla para gestionar directamente su tesorería, pagos y liquidación.

El diseño es modular, de modo que los clientes pueden empezar con las funciones que necesiten y añadir otras a medida que estén disponibles, lo que reduce la necesidad de integrar proveedores distintos para cada etapa del flujo de dinero, según el comunicado.

Entre los primeros en integrar la plataforma estarán la procesadora de pagos Nuvei y la plataforma de emisión de tarjetas Marqeta, junto con Ontop, Bolt Group y Almond FinTech.

Alcance

El núcleo de la plataforma es la llamada “cuenta global de dinero”, en la que monedas fiduciarias y stablecoins coexisten y pueden convertirse entre sí a través de una sola API.

Mediante Mastercard Move, que según la empresa llega a más de 17.000 millones de puntos de destino, los usuarios podrán emplear saldos en stablecoins para hacer pagos en moneda local directamente a cuentas bancarias de los beneficiarios. Las compañías prevén ampliar la cobertura a más de 40 monedas en más de 200 países y territorios en 2027.

Los saldos en stablecoins también podrán gastarse en la red de aceptación de Mastercard, que abarca cientos de millones de comercios, con emisión de tarjetas disponible en más de 130 países.

Las firmas indicaron que la plataforma contempla soporte futuro para el comercio agéntico y para otras formas reguladas de dinero, incluidos los depósitos tokenizados. Ya está disponible a través de BVNK.

Fuente: Mastercard

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PANAMÁ, 19 de octubre (PBN) – Panamá se mantuvo en el tercer lugar entre ocho países latinoamericanos en el Índice de Inclusión Financiera (IIF) 2026 de Credicorp, con 54.3 puntos sobre 100. Sin embargo, registró la caída más pronunciada de la región en la dimensión de acceso al sistema financiero.

El puntaje del país fue de 55.5 en 2025. Según el informe, la variación no es estadísticamente significativa, por lo que el nivel de inclusión se considera estable. Chile encabezó la medición con 59.2 puntos y Argentina ocupó el segundo lugar con 56.9.

El uso se mantiene y gana intensidad

La dimensión de uso se mantuvo estable, con 41.1 puntos, frente a 38.8 en 2025. La proporción de panameños que utiliza productos financieros más de 36 veces al mes subió de 11% a 18%, el mismo nivel de Chile. Quienes ahorran dentro del sistema formal pasaron de 23% a 31%. Según el informe, esto podría reflejar una mayor intensidad de uso entre quienes ya están vinculados al sistema.

El 39% de los panameños se ubica en el nivel más alto de inclusión, denominado “Alcanzado”, frente a un promedio regional de 33%. El 20% está en el nivel “Bajo”, 6 puntos porcentuales más que en 2025.

Acceso y calidad percibida retroceden

La dimensión de acceso de Panamá bajó de 59.0 a 56.0 puntos. Según el estudio, fue el descenso más marcado entre los países analizados. Disminuyó el porcentaje de personas que conoce diez o más productos financieros. La proporción de quienes tienen cuatro o más productos de ahorro o seguros pasó de 37% a 30%. La de quienes no tienen ninguno subió de 8% a 12%.

En calidad percibida, el puntaje pasó de 68.5 a 65.8. Con ese resultado, Panamá dejó el primer lugar que ocupaba en 2025 en esta dimensión y quedó tercero, detrás de Ecuador (69.3) y Colombia (67.8). La evaluación positiva de la imagen de las entidades financieras cayó de 39% a 29% de la población, y también se redujo la valoración de los costos para los usuarios. En contraste, el informe reporta un aumento importante de la seguridad percibida del sistema, mientras que la confianza general se mantuvo estable.

La región supera los 50 puntos

A nivel regional, el índice alcanzó 50.1 puntos en 2026, su nivel más alto desde la primera edición en 2021, con un avance acumulado de 12 puntos. El estudio atribuye el avance a un uso más frecuente del sistema y a una mejor calidad percibida. La frecuencia promedio de uso de productos financieros subió de 9.8 a 12.9 veces al mes.

La tenencia de billeteras móviles llegó al 49% de la población de los ocho países, frente a 11% cinco años antes. Entre los retos, el informe señala que la adopción de créditos y seguros ha crecido poco desde 2022. Además, el 51% de la población podría cubrir menos de un mes de gastos, o no podría cubrirlos, ante una pérdida súbita de ingresos.

Ficha técnica

El IIF es elaborado por Banco de Ideas, el centro de estudios de Credicorp, con la firma Ipsos. La edición 2026 se basó en 13,471 entrevistas presenciales en hogares, realizadas en junio de 2026 a personas de 18 años o más, con un promedio de 1,200 encuestas por país. El margen de error es de ±2.8 puntos porcentuales para cada país (±1.4 en Perú) y de ±0.84 para el agregado regional, con 95% de confianza. El resultado regional se pondera según el peso poblacional de cada país.

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La guerra con Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz mantienen la presión sobre los mercados energéticos. Para Panamá, sus efectos van más allá del precio de la gasolina: alcanzan el transporte, los alimentos, la logística y los costos de operación empresarial.

Esta presión externa llega mientras Panamá sigue creciendo, pero con una demanda interna que no muestra la misma fortaleza para todos los hogares y empresas. El crecimiento del PIB puede convivir con ingresos insuficientes y una capacidad de consumo limitada.

Aunque el empleo ha mejorado, seguimos lejos del pleno empleo. Además, el subempleo por ingresos insuficientes reduce la capacidad de muchas familias para sostener su consumo. No basta con tener más personas ocupadas: también importa cuánto ganan y qué pueden comprar.

A ello se suma un espacio fiscal reducido y el riesgo de que una menor inversión extranjera debilite la generación de proyectos, empleos y demanda.

La dolarización tiene ventajas, pero no elimina estas vulnerabilidades. Un dólar más fuerte puede favorecer las compras en países cuyas monedas se deprecian. Sin embargo, también puede encarecer nuestros servicios para clientes que reciben ingresos en esas monedas, afectando actividades como el turismo y otros servicios sujetos a competencia regional.

El beneficio cambiario tampoco garantiza importaciones más baratas. Los bienes de consumo y los insumos que adquirimos incorporan los mayores costos de energía, materias primas, producción, seguros y fletes de nuestros proveedores. Esa es una vía de transmisión de la inflación importada.

Si además aumenta el costo de fondos de los bancos, pueden encarecerse los nuevos créditos y aquellos sujetos a revisión de tasas, presionando el consumo y la inversión.

Una empresa puede pagar más por importar, más por transportar y más por financiar su inventario, mientras sus clientes mantienen una capacidad de compra limitada. Trasladar los costos presiona los precios; absorberlos reduce la rentabilidad.

El Niño añade otro riesgo. Una menor disponibilidad de agua en la cuenca del Canal podría limitar su capacidad operativa y de crecimiento, aun con medidas de adaptación. Las afectaciones a cosechas locales o de países proveedores también podrían encarecer los productos agropecuarios.

Esta coyuntura plantea una disyuntiva para el Estado, continuar apoyando la actividad y proteger a los hogares mientras trata de preserva la sostenibilidad fiscal.

El reto de Panamá es sostener el crecimiento y convertirlo en mejores ingresos. Fortalecer la inversión, la productividad, la seguridad hídrica y el empleo de calidad será determinante para proteger el poder adquisitivo y la competitividad del país.

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Según el MEF, las calificaciones se derivan de la calificación soberana de largo plazo de la República, Baa3. Hasta ahora, los programas del mercado local de deuda pública no tenían una calificación propia, aunque el soberano sí la tiene.

El ministerio dijo que la asignación responde a la creciente participación de inversionistas internacionales en Letras y Notas del Tesoro. Explicó que muchos fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras solo pueden comprar instrumentos con calificación de riesgo. Por eso, la falta de calificación limitaba su participación.

Según el MEF, una base inversora más diversa favorece una demanda más competitiva en las subastas, una curva de rendimientos local más profunda y un menor costo de financiamiento para el Estado.

TENENCIAS INTERNACIONALES

Las tenencias de custodios internacionales en Letras y Notas del Tesoro sumaron USD 1,312 millones al cierre de septiembre de 2026. Esto representa un alza de 35% frente a los USD 974 millones de agosto de 2024, según cifras del MEF.

Los datos publicados por el ministerio muestran que las tenencias llegaron a un máximo de USD 1,922 millones en marzo de 2026 y bajaron en abril. El MEF atribuyó esa caída principalmente al vencimiento de la Nota 2026, que se pagó a sus tenedores. Aclaró que no se debió a ventas de inversionistas internacionales. Según el ministerio, al vencimiento de ese título los inversionistas internacionales tenían USD 713 millones.

El MEF indicó que no tiene datos mensuales entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Las cifras excluyen los Bonos del Tesoro.

COLOCACIONES RECIENTES

En las colocaciones más recientes de Letras, la participación internacional es mayor. Al 30 de septiembre, los custodios internacionales tenían el 51.2% del saldo de la serie subastada en agosto de 2026 y el 39.5% de la de septiembre. El promedio de todas las Letras en circulación es de 26.8%.

En las series subastadas entre octubre de 2025 y julio de 2026, la participación internacional fue de entre 1% y 30%, según los datos del ministerio.

El MEF también señaló que la base internacional se ha diversificado. Además de los inversionistas que operan a través del enlace con Euroclear, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua tenían USD 32.0 millones en Letras y Notas del Tesoro al 30 de septiembre. En agosto de 2024 tenían USD 0.3 millones.

Las cifras del MEF se basan en inventarios de Latinclear por participante (agosto de 2024 y de septiembre de 2025 a marzo de 2026) y en el registro de tenedores de Latinex (de abril a septiembre de 2026).

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Panamá recibirá US$17.4 millones de CCRIF SPC por el sismo de magnitud 7.7 del 9 de octubre. El pago viene de una póliza paramétrica de terremoto cuyas primas financia el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), informó el FAP este sábado.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la prima fue de US$1.5 millones y la cobertura máxima de la póliza es de US$43 millones, por lo que el pago equivale a más de 11 veces el costo de la prima. La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE) del MEF, que gestiona las pólizas, y CCRIF SPC confirmaron el pago.

El desembolso se hará dentro de los 14 días siguientes al sismo. CCRIF SPC es un mecanismo regional de seguros contra riesgos catastróficos, y Panamá es miembro desde 2018. Desde su creación en 2007, el mecanismo ha hecho 83 pagos a sus miembros por más de US$500 millones, todos dentro de ese plazo, según el FAP.

Activación paramétrica

Las pólizas de CCRIF SPC son paramétricas. El pago se activa cuando el evento alcanza los umbrales de intensidad y de pérdidas pactados en el contrato, sin que haga falta evaluar los daños en el terreno. En este caso, el modelo sísmico de CCRIF SPC estimó una aceleración máxima del suelo de hasta 0.5 g en Panamá. Las pérdidas gubernamentales estimadas superaron el punto de activación de la póliza.

Balance acumulado

El Estado tiene tres pólizas paramétricas con CCRIF SPC: una de terremoto y dos de exceso de lluvia. Desde el 1 de junio de 2023, el FAP financia la prima de terremoto y la de una de las pólizas de lluvia. La tercera se paga con recursos del Gobierno.

Entre 2023 y 2025, el FAP destinó US$8.9 millones al pago de primas. Las coberturas que financia han generado pagos por cerca de US$44 millones desde 2023, incluido el del sismo de este mes: unos US$26.7 millones por exceso de lluvia en 2024 y US$17.4 millones por el terremoto, según datos del MEF a través de la DICRE. Con este desembolso, los pagos que Panamá ha recibido de CCRIF SPC desde 2018 suman cerca de US$47 millones.

“Financiar sus primas permite que el país cuente con recursos en los primeros días de una emergencia, sin tener que retirar ahorros ni aumentar la deuda”, dijo Víctor Mojica Caballero, secretario técnico del FAP. Según Mojica, el seguro catastrófico “complementa el mandato de estabilización del Fondo”.

Marco legal y techo presupuestario

El artículo 6 de la Ley 38 de 2012 faculta al MEF, como fideicomitente del FAP, para contratar el seguro catastrófico. Al FAP le corresponde presupuestar y financiar las primas. La Junta Directiva del fondo aprueba el presupuesto anual y lo envía al MEF para su no objeción.

Por ley, el costo anual de las primas no puede superar el 0.3% de los activos del FAP. Para 2026, ese techo es de US$9.4 millones, que según el fondo es un monto disponible y no una obligación de gasto. El presupuesto de 2027 está en revisión. La Comisión Supervisora del FAP, integrada por representantes de la sociedad civil, ha reiterado que se cumple lo que establece la ley en esta materia, según el FAP.

(Fuente: Fondo de Ahorro de Panamá, con datos del MEF/DICRE)

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La inclusión bancaria y la inclusión financiera no son lo mismo en el sentido de la inclusión económica. La primera se refiere simplemente al acceso a una cuenta bancaria y a los servicios bancarios proporcionados al usuario, mientras que la inclusión financiera se refiere más al acceso, pero también a cómo las personas pueden utilizar diversos servicios financieros de manera eficiente y económica, y a un costo menor para el consumidor (pagos, ahorros, crédito, seguros y servicios financieros digitales).

Este último es un punto más importante a considerar en Panamá. El país tiene un alto PIB per cápita, un nivel de urbanización, un sector financiero y es un centro de servicios internacionales. Se espera que el país tenga un nivel de inclusión financiera más alto que el que observamos y similar al de otras naciones latinoamericanas con mayor penetración de servicios financieros.

El Banco Mundial informó que en 2024, el 64.1% de los adultos panameños tenían una cuenta con un banco o proveedor de dinero móvil, Panamá se sitúa por debajo de la mediana y del promedio de América Latina de 73%. Como resultado, Panamá es actualmente un país donde el género, el nivel de ingresos, la educación y la ubicación geográfica siguen siendo significativos.

Estos datos nos dicen que el desarrollo económico y financiero no se ha traducido en acceso y uso de servicios financieros por parte de toda la población.

Panamá ha avanzado mucho en inclusión financiera, pero el acceso formal no implica una inclusión financiera plena y efectiva. Una cuenta bancaria por sí sola no muestra que una persona use regularmente el sistema financiero, pueda obtener crédito en las circunstancias adecuadas, tenga un plan de ahorro, seguro y un sistema de pagos en marcha, o se beneficiará de la economía digital. Y la inclusión financiera es lo que nos permitirá a nosotros y a nuestras empresas realizar pagos de manera segura y eficiente, ahorrar y acumular riqueza y activos, obtener crédito para trabajos productivos o de emergencia, y comprar seguros o tener un mejor sistema de gestión financiera en marcha. También puede reducir la informalidad, fomentar la digitalización de la economía, aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas, y abrir oportunidades para los sectores económicamente subdesarrollados.

Desde la perspectiva de la política pública, un mayor nivel de inclusión financiera también mejorará la trazabilidad de las actividades económicas y el uso de canales financieros formales, lo cual es especialmente relevante para el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Panamá es particularmente vulnerable a la falta de datos generales, neutrales, frecuentes, regulares y desagregados sobre inclusión financiera. Existen datos internacionales (por ejemplo, el Global Findex del Banco Mundial), pero no son suficientes para un sistema de información nacional que proporcione una imagen más completa de quién está excluido del sistema financiero, cuáles son las principales barreras de acceso, y cómo estas personas lo utilizan de manera efectiva, y cómo son las diferentes regiones, niveles de ingresos, edades, actividades económicas y tamaños de empresas. Sin estas métricas, es difícil para nosotros identificar grupos prioritarios, definir objetivos cuantificables y evaluar los resultados de las medidas tomadas.

Una pregunta crítica en la política pública es, ¿cómo diseñamos, implementamos y evaluamos una política de inclusión financiera exitosa cuando no hay estadísticas nacionales suficientes que proporcionen una base, identifiquen brechas, apunten a los objetivos y midan el éxito?

Si no tenemos indicadores, tendrás una falsa impresión del aumento en el número de cuentas abiertas como una expansión del acceso y uso efectivo de servicios financieros y no el crecimiento real de los servicios financieros. Por lo tanto, la estrategia nacional de inclusión financiera debería tener un sistema de medición y monitoreo permanente, con indicadores comparables y periódicos que no solo se centren en el acceso, sino también en cómo se utilizan bien los servicios financieros, cuánto de ellos es asequible y cuánto realmente se benefician las personas de ellos.

Fintechs y la inclusión financiera

Las fintechs son cada vez más importantes como herramienta para fomentar la inclusión financiera. Son capaces de abordar varios desafíos que existen en el sistema financiero: servicios digitales de bajo costo, procesos más rápidos de apertura y verificación de cuentas, sistemas de pago instantáneos, crédito digital, billeteras electrónicas, etc., y proporcionan acceso a personas con poca o ninguna relación con la banca tradicional y también son un gran actor en este contexto.

Estudios basados en los datos de Global Findex (Banco Mundial) e informes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) señalan una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el crecimiento del ecosistema fintech y la tasa de bancarización o tenencia de cuentas en la región.

En los mercados de mayor tracción (como Brasil y Colombia), los estudios de impacto indican que entre el 30% y el 40% de los nuevos usuarios de billeteras digitales señalaron que la fintech fue su primer punto de acceso al sistema financiero formal.

Por lo tanto, existe una fuerte evidencia global de que la digitalización financiera es una extensión del acceso y uso de los servicios financieros.

Los sistemas de pago rápido son un caso de estudio particularmente importante en América Latina y el Caribe: el Banco Mundial estima que el número promedio de pagos digitales al titular de una cuenta promedio ha aumentado de 154 a 587 transacciones mensuales, y el 61% de este aumento se debe a esos sistemas de pago rápido. En Brasil y Costa Rica, más del 85% de los adultos utilizan los pagos interoperables Pix y Sinpe respectivamente, lo que refleja cómo una infraestructura digital abierta a nuevos participantes puede convertir una cuenta financiera de un instrumento formal a un mecanismo que es utilizado diariamente por la población.

El caso de Brasil es particularmente relevante para Panamá. La proliferación de Pix junto con la digitalización de los servicios financieros y otros mecanismos de acceso llevaron a un aumento significativo en el número de clientes activos del sistema financiero de 77.2 millones en junio de 2018 a 152 millones en diciembre de 2023, y la proporción de adultos con cuentas activas aumentó del 46.8% al 87.7%. El número de clientes empresariales también aumentó de 3.4 millones a 11.6 millones en el mismo período.

Estos resultados ilustran el potencial de un ecosistema donde bancos, fintechs y proveedores de servicios de pago son capaces de crear e innovar en un entorno regulatorio que no compromete el control del lavado de dinero, la protección del consumidor y la seguridad digital.

Por otro lado, cuando la inclusión financiera se basa en gran medida en la expansión física y operativa de la banca tradicional, es más lenta y costosa, especialmente para la población rural, las personas de bajos ingresos y las pequeñas empresas.

La banca tradicional no se descuida; las fintechs y los bancos pueden desempeñar un papel como complementos y expandir la cobertura, reducir costos y abrir nuevos canales de acceso. En Panamá, la política de inclusión financiera para este sector de las finanzas necesita ser una política de inclusión financiera que no solo considere a las fintechs como empresas tecnológicas, sino también como aliados estratégicos de la política pública, con un entorno regulatorio justo y equitativo: innovadores y competencia, entrada responsable de nuevas personas con la capacidad de participar en el ecosistema, estándares KYC, prevención del lavado de dinero, protección de datos, ciberseguridad y protección al consumidor deben mantenerse.

El objetivo final no es aumentar el número de cuentas, sino construir un ecosistema financiero donde podamos permitir que las personas accedan, usen y obtengan los mejores servicios y productos financieros para las personas que los necesitan en nuestras vidas.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció acciones de cumplimiento que imponen penalidades por más de US$1,210 millones a Bank of America, N.A., el segundo banco más grande del país, por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y de sanciones. Las medidas incluyen la tercera mayor sanción en la historia del Tesoro y la más alta en la historia de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

La acción involucra a tres dependencias del Tesoro. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informó que impuso una multa de US$1,200 millones al banco por no mitigar ni reportar riesgos prioritarios de seguridad nacional, entre ellos redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito en la frontera suroeste. De forma simultánea, la OCC aplicó una sanción civil de US$750 millones por un programa de cumplimiento antilavado deficiente e ineficaz. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció un acuerdo de US$11.6 millones por presuntas violaciones a programas de sanciones relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global.

“Las instituciones financieras están en la primera línea de protección de nuestra seguridad económica y nacional”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Agregó que cuando un banco de ese tamaño incumple sus obligaciones, las consecuencias exponen a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiamiento ilícito, y que las acciones envían el mensaje de que ni las mayores instituciones están por encima de la ley.

Más de US$5,000 millones sin reportar

Según FinCEN, como parte de su resolución con la agencia, Bank of America admitió haber violado deliberadamente la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no mantener un programa antilavado que cumpliera los requisitos mínimos, no realizar la debida diligencia sobre cuentas corresponsales de instituciones financieras extranjeras y no presentar reportes de operaciones sospechosas (SAR).

De acuerdo con el Tesoro, el banco priorizó sus ingresos y minimizó el impacto sobre sus recursos de cumplimiento. Su dependencia de consultas de las autoridades y de solicitudes de otras instituciones, en lugar de sus propios controles automatizados, implicó que tercerizara en la práctica buena parte de sus obligaciones de detección y reporte. El banco tampoco respondió a tiempo a señales de alerta crecientes, incluidos posibles vínculos con ganancias del narcotráfico, aun después de que su personal de cumplimiento escalara preocupaciones sobre posible lavado basado en comercio y fraude.

Como resultado, Bank of America no reportó oportunamente más de US$5,000 millones en transacciones sospechosas, de los cuales más de US$1,000 millones involucraban riesgos de seguridad nacional y otras prioridades, incluidas operaciones indicativas de redes chinas de lavado, fraude y posible lavado basado en comercio con un nexo sustancial con la frontera suroeste.

La orden de consentimiento de FinCEN obliga al banco a trabajar con un tercero en una revisión retrospectiva para identificar y reportar transacciones no detectadas, y a someterse a una evaluación independiente de sus programas de monitoreo, debida diligencia y gobernanza de datos, con énfasis en riesgos vinculados a la frontera suroeste, carteles y narcotráfico, Irán y Rusia.

Incumplimiento tras orden de 2024

La sanción de la OCC responde a violaciones de la BSA y sus regulaciones. El banco ya estaba sujeto a una orden de cese y desistimiento de diciembre de 2024 que le exigía corregir su programa antilavado. Según la OCC, su sistema de monitoreo dejó sin vigilar adecuadamente billones de dólares en transacciones, lo que provocó gran cantidad de reportes tardíos por miles de millones de dólares, muchos con indicios de lavado. Más de un año después de la orden de 2024, el banco aún no escalaba actividades potencialmente sospechosas a sus investigadores.

475 presuntas violaciones de sanciones

En el caso de OFAC, el banco acordó resolver su posible responsabilidad civil por 475 presuntas violaciones. Estas ocurrieron al canalizar pagos de corresponsalía a través de bancos bloqueados, permitir que personas designadas realizaran pagos y retiros, no actualizar a tiempo sus listas de vigilancia y manejar mal cuentas asociadas a personas bloqueadas. Los pagos involucraron programas de sanciones contra Rusia, Bielorrusia, Irán, Birmania, Somalia, narcóticos y terrorismo global.

OFAC determinó que las violaciones no fueron atroces y en su mayoría no fueron reveladas voluntariamente, y no aplicó reducción alguna a la penalidad base por medidas correctivas ni cooperación.

Fuente: FinCEN y U.S. Departament of The Treasury

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PANAMÁ, 13 de octubre de 2026 (PBN) — Visa está desplegando en Centroamérica y el Caribe su programa Visa Agentic Ready. Con esta iniciativa busca preparar a bancos emisores, adquirentes, fintechs y comercios para transacciones que agentes de inteligencia artificial ejecutan en nombre de los consumidores. Así lo dijo Pablo Aduriz, director de Producto e Innovación de Visa América Central y el Caribe, en entrevista con Panamá Banking News.

«Eso no es algo futuro, eso es algo que ya estamos desplegando hoy en la región de Centroamérica y el Caribe», afirmó Aduriz.

Visa ya está trabajando en Centroamérica y el Caribe con bancos emisores y otros participantes del ecosistema para probar y preparar las capacidades necesarias para el comercio agéntico. En paralelo, está ampliando su trabajo con adquirentes, PSPs, fintechs y comercios para fortalecer la preparación del lado de la aceptación.

Visa ya soporta más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins (stablecoin-linked cards) a nivel global, y el volumen de pagos de esos programas creció casi 200% interanual.

La IA ya es masiva para buscar productos; la compra delegada está en fase inicial

Según Aduriz, el comportamiento del consumidor ya cambió. «Hoy las personas ya están descubriendo, comparando, seleccionando, y eventualmente van a empezar a pagar productos y servicios con el apoyo de la inteligencia artificial. Eso ya está ocurriendo», dijo.

El ejecutivo distinguió dos fases en la región. La primera es el uso de herramientas de IA para buscar, comparar y elegir productos, que ya es masivo y cotidiano. La segunda, la compra delegada, en la que un agente ejecuta directamente la transacción, todavía es incipiente. Visa trabaja con instituciones financieras y comercios para que la infraestructura esté lista cuando ese uso se masifique.

De acuerdo con Aduriz, los comercios deben prepararse para algo más que aparecer en los resultados de las plataformas de IA. Tendrán que «interactuar con un agente que está entrando a hacer una compra», que tiene «otro tipo de perfil, otro tipo de decisiones». Los bancos, a los que Visa provee la credencial de pago, también deberán estar listos para que sea un agente quien compre en nombre del titular.

El ejecutivo prevé que esta modalidad «va a seguir creciendo bien aceleradamente en los próximos meses».

Consentimiento, control y supervisión: las condiciones para las compras con agentes

Para Visa, el reto central es la seguridad. «¿Cómo hacemos para asegurarnos de que ese agente tiene el consentimiento, tiene el control y tiene los límites preestablecidos por la persona para que la compra siga siendo segura y sin fricción?», planteó Aduriz.

Ante la pregunta sobre contracargos en compras hechas por un agente, el ejecutivo explicó que el programa busca que los agentes actúen bajo tres condiciones: el consentimiento de la persona, controles definidos (montos, formas y reglas) y supervisión.

«Cada experiencia puede ser distinta, obviamente depende de los actores involucrados, pero lo importante es que esas tres partes estén cumplidas», señaló.

Cuando la transacción se ejecuta dentro de los permisos y controles definidos por el consumidor, puede gestionarse bajo el marco de reglas y protecciones aplicables de Visa. El tratamiento específico de una disputa dependerá del flujo, la autenticación y los participantes involucrados.

Visa trabaja con distintos actores del ecosistema de comercio agéntico. Entre ellos se encuentra OpenAI, con quien Visa anunció una colaboración estratégica para ayudar a habilitar pagos iniciados por agentes con controles, tokenización y capacidades de seguridad.

Stablecoins: remesas, pagos transfronterizos y dinero programable

Las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener un valor estable, normalmente vinculados a monedas fiduciarias como el dólar o el euro y, dependiendo del emisor, respaldados por reservas.

Visa ve a las stablecoins como una nueva capa de la infraestructura financiera digital, con capacidad para complementar y modernizar los pagos, la liquidación y el movimiento global de dinero.

Entre los principales casos de uso citó las remesas internacionales, los pagos transfronterizos, el acceso a dólares digitales en economías con restricciones cambiarias y los pagos entre empresas.

El ejecutivo atribuyó a las stablecoins tres características. La primera es la interoperabilidad global: operan las 24 horas, los siete días de la semana, sin depender del horario bancario. La segunda es que necesitan menos intermediarios, lo que «puede eventualmente reducir los costos». La tercera es la programabilidad.

«Imagínate el dinero como un software», explicó. «Si tú tienes una empresa y recibes un pedido, podrías programar que el pago a tu proveedor se ejecute de forma automática una vez que haya confirmación fehaciente de que ese pedido fue recibido».

Tarjetas vinculadas a stablecoins crecen 200% interanual

Aduriz explicó que estas tarjetas pueden ser utilizadas para las compras diarias desde una billetera en stablecoins vinculada, sin tener que el usuario realizar manualmente la conversión antes de cada compra. La conversión, cuando corresponde, es gestionada por el proveedor del programa.

Añadió que empresas como las remesadoras ya mueven fondos con stablecoins y liquidan con Visa en ese mismo activo, lo que la compañía llama stablecoin settlement. «Muchas veces no es visible para el usuario, pero está ocurriendo», dijo. Según el ejecutivo, ya hay actores en Centroamérica y el Caribe que operan con ambos modelos.

Sobre la rapidez de la liquidación, Aduriz fue cauteloso: «Se espera una reducción de tiempos con respecto a lo que son los rieles tradicionales, aunque depende de los programas, de los actores involucrados y de la regulación vigente en los países».

La convergencia tecnológica definirá el futuro de los pagos

Para Aduriz, ninguna tecnología por sí sola definirá el futuro de los pagos. «No es que ahora va a ser todo on-chain o todo off-chain«, afirmó. A su juicio, lo definirá «la convergencia de la inteligencia artificial, las nuevas formas de dinero [y] la infraestructura de confianza».

«Hace 20 años no estaríamos hablando de stablecoins, pero hoy sí. Lo que está de fondo es la misma base: la interconectividad global detrás de estándares de confianza, de seguridad, de comercio sin fricción y la escalabilidad», concluyó.

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