Según Pinzón, el presupuesto también incluye los estudios necesarios para evaluar la extensión de la Línea 2 desde San Miguelito hasta Paitilla, con la posibilidad de que el trazado llegue hasta Multiplaza.

El funcionario sostuvo que el proyecto permitiría mejorar la conectividad de uno de los principales corredores educativos, comerciales, hospitalarios y de servicios de la ciudad, zona donde se concentra un número importante de universidades públicas y privadas.

Por su parte, el director de Finanzas del Metro de Panamá, Eibar Caballero, detalló ante la misma comisión los rubros del presupuesto de inversiones 2027 destinados al proyecto Línea 2, que incluyen el estudio para la confección del pliego de cargos de la Línea 2-A y la preparación de los términos de referencia para su licitación. Caballero precisó que este tramo discurrirá a través de la vía Tumba Muerto.

De acuerdo con la documentación presentada en la vista presupuestaria, el presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el Metro de Panamá en 2027 asciende a B/.873,862,198, de los cuales B/.677,382,978 corresponden a inversiones y B/.196,479,220 a funcionamiento.

Dentro del rubro de inversiones, la Línea 2 tiene un monto recomendado de B/.8,696,405 frente a B/.78,969,405 planificados originalmente, mientras que la Línea 3 cuenta con B/.489,121,468 recomendados frente a B/.747,184,588 planificados. Las consideraciones presentadas para la Línea 3 incluyen el repago de Certificados de No Objeción (CNO) del contrato MPSA-12-2020 por ajuste de precio y el pago de afectaciones por la ejecución del proyecto.

Fuente: Canal YouTube Asamblea Nacional, Comisión de presupuesto

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El decreto, firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro Felipe E. Chapman, aplica a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que formen parte de un Grupo Multinacional y obtengan rentas pasivas de fuente extranjera bajo el artículo 707-C. La norma cubre sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de personas, fideicomisos y fundaciones.

Autoridad y alcance
El MEF queda designado como autoridad competente para administrar, evaluar, supervisar, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de sustancia económica, sin perjuicio de las competencias de otros reguladores sectoriales.

Requisitos de sustancia
El decreto detalla tres pilares que las entidades deben acreditar:

• Recursos humanos e instalaciones adecuadas (Art. 5): personal calificado —mínimo equivalente a un empleado— e instalaciones físicas en Panamá, propias, arrendadas o compartidas.
• Toma de decisiones estratégicas (Art. 6): una junta directiva u órgano equivalente debe celebrar al menos dos reuniones presenciales anuales en Panamá, con actas documentadas; estas funciones no podrán tercerizarse.
• Costos y gastos operativos (Art. 7): deben ser proporcionales a la actividad principal y verificables mediante registros contables, contratos y facturas.

Entidades de mera tenencia
El artículo 8 establece un régimen simplificado para entidades cuya actividad principal sea la tenencia pasiva de participaciones patrimoniales o bienes inmuebles: basta con contar con un director/dignatario remunerado residente en Panamá, o personal adecuado, más instalaciones físicas.

Activos intangibles
Los artículos 13 al 16 fijan una fórmula tipo «nexus approach» para determinar la renta no gravable derivada de patentes, modelos de utilidad y software protegido: (Costos y gastos directos + 30%) / Costos y gastos totales × Renta neta del intangible. Quedan excluidas marcas y derechos de imagen.

Tercerización y crédito fiscal
La tercerización de actividades a proveedores de servicios en Panamá es aceptable bajo condiciones estrictas (Art. 11), y las entidades no calificadas pueden acreditar impuestos pagados en el exterior contra el impuesto panameño (Art. 12), con documentación apostillada.

Obligaciones de reporte
Las entidades deberán incluir información detallada en su declaración jurada de renta (Art. 9) —incluyendo listado de personal, gastos, costos, y descripción de actividades principales— y conservar documentación de respaldo en Panamá por cinco años (Art. 10), en idioma español (Art. 19).

Vigencia
El decreto entra en vigor para el período fiscal que inicie a partir del 1 de enero de 2027 (Art. 20).

Fuente: Gaceta Oficial Digital N° 30603-B, miércoles 2 de septiembre de 2026. Decreto Ejecutivo N° 32 del Ministerio de Economía y Finanzas.

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La norma, de iniciativa del Ejecutivo, modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974. La exención aplica cuando la compraventa se formaliza dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación por la autoridad competente.

Al acto de sanción asistieron los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia) y Felipe Chapman (Economía y Finanzas), este último responsable de la propuesta. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 28 de julio, debatido en la Asamblea Nacional y aprobado el 26 de agosto con 53 votos a favor.

Chapman señaló que la medida busca beneficiar a familias de ingresos medios que ya no tendrán que pagar el ITBI inicial, además de impulsar el sector construcción.

Escala del beneficio fiscal

• Exención total sobre los primeros B/.120,000.00 de la base imponible.
• Si la venta supera esa cifra sin exceder B/.200,000.00, el ITBI se calcula solo sobre el excedente, con tasas escalonadas:

Disposición transitoria

Las primeras ventas de viviendas nuevas formalizadas tras la entrada en vigencia de la ley podrán acogerse al beneficio aunque el permiso de ocupación sea anterior, siempre que la operación se formalice dentro de los 30 meses siguientes a la expedición de dicho permiso. Las ventas formalizadas antes de la vigencia de la ley seguirán la normativa previa.

Fuente: Presidencia de la República de Panamá

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El banco suizo proyecta que el PIB real superará el 5% en 2026, tras crecer 5,5% en el primer semestre —el desempeño más sólido entre las principales economías de América Latina y el mejor registro semestral del país desde 2017, excluyendo el rebote pospandemia—. El dato cobra relevancia porque el año pasado la economía ya había crecido cerca de 4,5%, por lo que el dinamismo actual no puede explicarse por un efecto de base baja, según los analistas.

El crecimiento se ha visto favorecido por la reactivación de la construcción, el turismo y el desvío de rutas del comercio marítimo hacia el Canal de Panamá debido a las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz.

AJUSTE FISCAL «RESUELTO Y PROFUNDO»

Los analistas Alberto Rojas y Alejo Czerwonko calificaron el ajuste fiscal de las autoridades como «uno de los más resueltos y profundos» registrados en la región en los últimos años.

El déficit fiscal acumulado a doce meses descendió a 3,3% del PIB al cierre del segundo trimestre de 2026, desde un pico de 6,4% a inicios de 2025. La mejora se explica por recortes de gasto equivalentes a unos 2 puntos porcentuales del PIB —distribuidos de forma similar entre gasto corriente y de capital— junto con un leve incremento de la recaudación tributaria de unos 70 puntos básicos. El déficit primario, por su parte, se redujo a apenas 0,3% del PIB. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado la intención del gobierno de alcanzar un superávit primario este año, según el reporte.

DEUDA SE ESTABILIZA

La relación deuda/PIB se ha estabilizado entre 65% y 67% en los últimos cuatro trimestres, lo que sugiere que la trayectoria ascendente se ha detenido, según UBS. La firma considera que la mejora fiscal en su conjunto es suficiente para respaldar la calificación soberana de grado de inversión (‘BBB-‘).

LIQUIDEZ BANCARIA NO SE TRADUCE EN CRÉDITO

Los depósitos del sector privado han crecido entre USD 5.000 y 6.000 millones anuales desde 2024 —equivalente a cerca de 5% del PIB—, lo que refleja una demanda externa sostenida por el sistema financiero panameño, indicó el informe.

Sin embargo, UBS señaló que gran parte de esa liquidez se ha canalizado hacia inversiones financieras en el exterior en lugar de crédito doméstico, dado que los rendimientos globales actuales hacen más atractivos los activos externos frente a los proyectos locales.

MULINO PIERDE POPULARIDAD

La aprobación del presidente José Raúl Mulino cayó por debajo del 20%, una caída de más de 50 puntos porcentuales en 24 meses, de acuerdo con datos citados por UBS de La Estrella de Panamá y Centroamérica360.

El informe atribuye la caída a la percepción de que los beneficios del crecimiento económico no llegan a la mayoría de la población y se concentran en los segmentos de mayores ingresos.

Pese a ello, UBS consideró que la gobernabilidad se mantiene sólida, citando la aprobación de la reforma a la seguridad social, la mejora fiscal, la probable reapertura de la mina de cobre y relaciones estables con Estados Unidos.

MERCADO DE BONOS

Con una calificación soberana compuesta de BBB-, los bonos panameños en dólares han generado un retorno total cercano al 3% en lo que va del año, en línea con el índice EMBI Global, según UBS. La curva soberana en dólares ofrece rendimientos de entre 5% y 6%, unos 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

UBS identificó como riesgos principales eventuales choques climáticos que afecten la operación del canal, así como los riesgos de gobernabilidad típicos de los mercados emergentes.

Fuente: UBS Financial Services Inc., «Panama: Let the Good Times Roll», 1 de septiembre de 2026

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La resolución, adoptada por la Junta Directiva de la AMP en su Sesión Ordinaria No. 003-2026 del 5 de marzo de 2026, restringe el acceso a expedientes relacionados con tres tipos de procedimientos administrativos: concesiones de áreas, licencias de operación para la prestación de servicios marítimos auxiliares, e investigaciones administrativas por infracción a las normas propias de la jurisdicción y competencia de esa dirección.

La medida establece que dicha información no podrá divulgarse por un período de diez años a partir de su clasificación, salvo que antes de ese plazo dejen de existir las razones que justificaron la restricción. El acceso, consulta o reproducción de la información quedará limitado a las partes debidamente acreditadas dentro de cada procedimiento administrativo o a las autoridades competentes.

El documento cita como fundamento la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, sobre Transparencia en la Gestión Pública y Acceso a la Información, así como la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, sobre procedimiento administrativo general, y el Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, que creó la AMP. La resolución también invoca la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, en su definición de secreto industrial o comercial, y un fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia fechado el 28 de agosto de 2025 sobre los requisitos para calificar información como de acceso restringido.

La AMP argumenta que los expedientes bajo competencia de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares contienen información comercial, contractual y técnica aportada por empresas en el marco de su relación con el Estado, lo que —según la entidad— justifica su tratamiento confidencial «a fin de salvaguardar los intereses del Estado y los derechos legítimos del administrado».

La resolución fue firmada por Virna C. Luque F., viceministra de la Presidencia, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva, y por Luis A. Roquebert V., administrador de la AMP, en calidad de secretario.

Reacción presidencial

El presidente José Raúl Mulino cuestionó la medida a través de su cuenta en la red social X. «Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso», escribió el mandatario el 31 de agosto de 2026.

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La iniciativa, presentada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, adiciona un artículo a la Ley 106 de 1974 —que establece el ITBI— y modifica la Ley 4 de 1994, referente al sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario.

Según el proyecto, la exención aplica a la primera operación de venta de una vivienda nueva, siempre que la transacción se formalice dentro de los dos años siguientes a la fecha de expedición del permiso de ocupación. El beneficio cubre los primeros B/.120,000 del valor de venta.

«Es decir, viviendas para la familia de ingresos medios, que no tendrían que pagar ese impuesto para los montos de los B/.120,000 iniciales. Esto está enfocado, primordialmente, en facilitar que las familias panameñas de menores ingresos puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda», indicó Chapman.

Para ventas entre B/.120,001 y B/.200,000, el impuesto se calculará únicamente sobre el excedente de B/.120,000, conforme a una escala preferencial:

El proyecto establece que el impuesto será pagado por el vendedor, y que será nulo de pleno derecho cualquier acuerdo mediante el cual el vendedor traslade al comprador, directa o indirectamente, la obligación de pagarlo.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, señaló que en los primeros 24 meses del gobierno del presidente José Raúl Mulino se han rescatado y terminado más de 6,200 soluciones de vivienda provenientes de proyectos abandonados por administraciones anteriores. Jované adelantó además que próximamente se anunciará un programa de abono inicial, denominado «Pa’Ti», diseñado para reducir el impacto de la primera compra de vivienda.

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, enmarcó la exoneración dentro de la estrategia del Gobierno Nacional para generar más de 80,000 empleos —meta anunciada por Mulino el 1 de julio— mediante la reactivación de la industria de la construcción, buscando que el sector recupere el dinamismo que registraba antes de la pandemia.

Fuente: Presidencia de la República de Panamá

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La decisión se produjo en un contexto de división interna poco habitual. Tres miembros del Comité —Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan— votaron en contra de la medida, al preferir un incremento de un cuarto de punto porcentual en la tasa de referencia durante esta reunión, lo que evidencia posturas más duras (hawkish) frente a la persistencia inflacionaria.

Actividad económica sólida, pero bajo incertidumbre geopolítica

El FOMC describió una economía que continúa expandiéndose a «un ritmo sólido», aunque señaló que persiste una incertidumbre elevada vinculada, en parte, al conflicto en Medio Oriente. El organismo destacó además que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital se mantienen fuertes, mientras que la generación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral, con una tasa de desempleo que registra pocos cambios.

Inflación por encima de la meta

En materia de precios, el Comité reconoció que la inflación permanece elevada respecto a su meta del 2%, atribuyendo parte de esta presión a shocks de oferta que han impulsado alzas en ciertos sectores, particularmente el energético. La Fed reiteró su compromiso de «entregar estabilidad de precios».

El banco central también confirmó que continuará con su política de mantener reservas amplias (ample reserves) en el sistema bancario.

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La iniciativa busca dinamizar la economía, ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer sectores productivos con alto potencial de generación de empleo, según el MEF. La entidad precisó que la alianza no constituye la creación de un fondo público ni implica administración de recursos por parte del Estado: cada operación será identificada, evaluada y aprobada de forma independiente por BID Invest, conforme a sus propias políticas. El MEF actuará como socio estratégico y facilitador de un entorno propicio para la inversión.

Los recursos podrán canalizarse directamente hacia empresas y proyectos privados, o a través de instituciones financieras que amplíen el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), segmento que la estrategia identifica como prioritario.

Durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente US$200 millones en nuevas operaciones en Panamá, cifra que, según el MEF, refleja que los recursos vinculados a la estrategia ya están llegando al país. La institución multilateral prevé seguir ampliando ese volumen a medida que se identifiquen, estructuren y aprueben proyectos elegibles.

El alcance es multisectorial. Aunque el énfasis recae en construcción, turismo y logística, la estrategia también contempla proyectos en energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros, entre otros. La asignación de recursos dependerá de la demanda del sector privado, la disponibilidad de proyectos viables y su contribución al desarrollo del país.

Todos los proyectos financiados deberán cumplir con estándares ambientales, sociales, de gobierno corporativo y de integridad. Cuando corresponda, el financiamiento comercial podrá complementarse con asistencia técnica y recursos concesionales para iniciativas de alto impacto climático, como energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura resiliente.

El MEF subrayó que la iniciativa no genera deuda pública ni requiere garantía soberana del Estado panameño, ya que las operaciones son asumidas por las empresas privadas o instituciones financieras receptoras del financiamiento, por lo que no se contabilizan como deuda del Gobierno ni afectan las metas fiscales del país.

Para garantizar transparencia y rendición de cuentas, las operaciones aprobadas por BID Invest serán publicadas en sus plataformas institucionales. Ambas instituciones mantendrán mecanismos de coordinación y seguimiento para evaluar avances, identificar oportunidades y remover obstáculos en la ejecución de la estrategia. El éxito de la iniciativa se medirá no solo por el volumen movilizado, sino también por indicadores de desarrollo vinculados a empleo, acceso al financiamiento, apoyo a MiPyMEs, infraestructura, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico inclusivo.

«Esta alianza representa una oportunidad para acelerar la inversión privada, ampliar el acceso al financiamiento y generar beneficios concretos para la economía panameña, apoyando el crecimiento sostenible y la creación de empleos de calidad», destacó el MEF.

Los interesados en conocer los criterios de elegibilidad de BID Invest pueden consultar su página web o contactar a Gloria Lugo, representante del Grupo BID en Panamá.

Fuente: MEF

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«Estaré remitiendo a la Asamblea un paquete de leyes que yo he llamado las leyes de la reactivación económica. Serán tres, cuatro leyes vitales», dijo el mandatario durante la Cena Anual por la Libertad Económica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Mulino explicó que la reforma al interés preferencial busca corregir el segmento del mercado inmobiliario que no ha repuntado —la vivienda pequeña fuera del área metropolitana— mediante un ajuste de incentivos para constructores, promotores y compradores.

El mandatario adelantó además que su gobierno avanza en la eliminación del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) del 2% aplicado a viviendas nuevas, junto con otras medidas de competencia fiscal que, precisó, no constituyen una reforma tributaria integral. Ambas iniciativas serán sometidas al Consejo de Gabinete dentro de dos semanas antes de su envío a la Asamblea con carácter de urgencia.

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La operación extiende los vencimientos hasta 2031, sustituye tasas variables por tasas fijas y modifica el esquema de amortización de capital: en lugar de un pago único al vencimiento, el país amortizará mediante cuotas semestrales a partir del tercer año, lo que reduce la concentración de pagos que enfrentaba en 2027.

Como referencia de mercado, el MEF señaló que una nueva emisión de deuda a cinco años habría tenido un costo estimado de 5.44%.

Como parte de la operación con Merrill Lynch–Bank of America, Panamá obtuvo además acceso a EUR 500 millones en financiamiento adicional bajo las mismas condiciones de tasa y plazo, destinados a cubrir necesidades fiscales de 2026. La operación completa suma así EUR 2,900 millones entre refinanciamiento y nuevo financiamiento.

Estrategia de deuda de mediano plazo

El MEF enmarcó la operación dentro de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo 2025–2029, orientada a diversificar fuentes de financiamiento, reducir riesgos de tasa y mejorar los perfiles de vencimiento. Según la entidad, esta gestión ha contribuido a bajar el costo promedio de la deuda pública de 5.39% a 4.66%, mientras el riesgo país se ubica en su nivel más bajo desde 2018.

El ministro Felipe Chapman fue citado señalando que la deuda del país se administra bajo un principio de anticipación más que de reacción, fijando condiciones favorables antes de que venzan los plazos y protegiendo el presupuesto de la volatilidad de tasas.

Fuente: MEF.

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