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El presidente José Raúl Mulino fijó cinco principios irrenunciables y condicionó cualquier acuerdo al cierre definitivo de la mina, financiado por la empresa, y al fin de los arbitrajes contra el Estado.

PANAMÁ, 16 de noviembre de 2026 (PBN). El Gobierno de Panamá anunció este lunes el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo que, según el Ejecutivo, genere los mayores beneficios para el país.

El presidente José Raúl Mulino ordenó iniciar el proceso con cuatro condiciones: soberanía, protección ambiental, cumplimiento constitucional y terminación de los arbitrajes. Un equipo interministerial encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, conducirá las conversaciones, informó el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.

Según el Gobierno, cualquier acuerdo debe incluir un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina. La empresa tendrá que financiarlo y el plan debe incluir la reforestación y la prevención de daños ambientales. El comunicado dice que el cierre no es negociable y que no admite prórroga.

Cinco principios irrenunciables

El Ejecutivo fijó cinco principios para la negociación:

  • Propiedad de los recursos: los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá.
  • Beneficio económico: el país debe obtener el máximo beneficio, con resultados visibles en todo el territorio nacional.
  • Soberanía: ninguna empresa podrá decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.
  • Protección ambiental: se exigirán los más altos estándares, con controles estrictos, fiscalización independiente e información pública.
  • Respeto a la ley: cualquier acuerdo debe cumplir plenamente con la Constitución y las leyes de Panamá.

Agenda de las conversaciones

Según la Presidencia, las conversaciones tratarán estos temas:

  • si se reactiva la actividad minera, siempre que haya beneficios reales para el país;
  • la generación de miles de empleos, exclusivamente para panameños (el comunicado no da una cifra);
  • el fin de todos los procesos arbitrales contra el Estado;
  • un control y registro abierto de los materiales extraídos;
  • el uso responsable del agua.

No será una concesión

Mulino dijo que un eventual acuerdo no tendrá la forma de una concesión. Si se llega a un acuerdo, el equipo ministerial anunciará la figura jurídica que lo sustente, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

El mandatario añadió que el anuncio es solo el inicio de un proceso con información pública y participación ciudadana. Señaló en especial a las comunidades cercanas a la mina y citó como marco el Acuerdo de Escazú.

Fuentes: Ministerio de la Presidencia de Panamá.

Por PBN

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