Por: Romelis González Gerente de FECI – Dirección de Supervisión de Conglomerados Financieros de la SBP
La seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la competitividad del sector agropecuario ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda de los países. En Panamá, uno de los instrumentos que ha contribuido al fortalecimiento de estas áreas es el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), un mecanismo que facilita el acceso al financiamiento para productores agropecuarios y agroindustriales, impulsando la inversión, la modernización y el crecimiento de actividades esenciales para la economía nacional.
En términos generales, el FECI opera como un mecanismo de compensación que reduce parte del costo financiero de determinados créditos destinados al sector agropecuario y agroindustrial calificado, a través de un descuento en la tasa de interés pactada con los bancos.
Aunque el FECI ha generado beneficios durante décadas, todavía existe espacio para que más ciudadanos comprendan su funcionamiento, alcance e impacto. Conocer esta herramienta permite valorar mejor su aporte al desarrollo productivo y a la seguridad alimentaria del país.
Su propósito es tan simple como estratégico: facilitar el acceso al financiamiento para un sector que demanda inversiones constantes. Sembrar, criar ganado, adquirir maquinaria, construir infraestructura o incorporar nuevas tecnologías requiere recursos que muchas veces superan la capacidad financiera de los productores. Por ello, contar con créditos en condiciones favorables resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la actividad agropecuaria.
En este contexto, el FECI permite que quienes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 4 de 1994, puedan acceder a créditos con tasas de interés más favorables, reduciendo sus costos financieros y creando oportunidades para invertir, aumentar la productividad y mejorar su competitividad.
Su impacto va más allá del beneficio individual. Cuando una empresa agropecuaria moderniza sus operaciones, amplía su capacidad productiva o incorpora nuevas tecnologías, también genera empleo, dinamiza las economías locales y fortalece las cadenas de valor vinculadas al sector. De esta manera, los beneficios alcanzan a las comunidades rurales y contribuyen al crecimiento económico del país.
El programa abarca una amplia variedad de actividades, entre ellas, la agricultura, la ganadería, la avicultura, la acuicultura, la apicultura, la silvicultura y las agroindustrias que utilizan materia prima agropecuaria 100% nacional. Asimismo, respalda inversiones clave para el desarrollo sostenible del sector, incluyendo compra de maquinaria, sistemas de riego, paneles solares, infraestructura productiva, la compra de animales y semillas, entre otras.
En un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados, los efectos del cambio climático y las presiones sobre las cadenas de suministro, fortalecer la producción local es una decisión estratégica. Las recientes crisis globales evidenciaron la importancia de contar con sistemas alimentarios resilientes y con productores capaces de responder a las necesidades del mercado interno.
Como toda política pública, el FECI también enfrenta desafíos que inciden en su efectividad y en la percepción ciudadana sobre su funcionamiento. Uno de ellos es ampliar la divulgación y la educación financiera para que más ciudadanos comprendan cómo opera el mecanismo, quiénes califican para el beneficio del descuento de intereses, los préstamos exentos de pago del 1%, y cuáles son los canales disponibles para presentar consultas o reclamaciones cuando consideren que el cobro ha sido aplicado incorrectamente.
Otro aspecto relevante es continuar fortaleciendo la transparencia y la evaluación de resultados. Asimismo, resulta oportuno seguir impulsando inversiones vinculadas a la innovación, la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático, factores cada vez más determinantes para la competitividad del sector agropecuario.
El FECI es mucho más que un beneficio financiero: es una herramienta de política pública que promueve la inversión productiva, apoya a quienes impulsan la producción nacional y contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria del país. En un entorno donde la resiliencia de los sistemas alimentarios adquiere una relevancia creciente, su valor estratégico se hace aún más evidente.
El desafío es continuar perfeccionándolo, ampliando su comprensión pública y fortaleciendo su evaluación, para que sus beneficios lleguen de manera eficiente a los productores y sigan generando oportunidades para el desarrollo sostenible de Panamá.
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