El presidente de la República, José Raúl Mulino, oficializó este miércoles un programa de financiamiento de $500 millones con los bancos internacionales Citi y BBVA, destinado a impulsar la reactivación económica del país a través de la Caja de Ahorros.

Este plan contempla la inyección de $250 millones aportados por Citi y otros $250 millones por BBVA. Los recursos se enfocarán en respaldar a sectores productivos clave, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo en todo Panamá.

Confianza internacional en Panamá
Durante el acto de formalización, Mulino destacó que este acuerdo refleja la confianza de instituciones financieras globales en la economía panameña. “El dinero al pueblo panameño no le va a venir de subsidios ni de regalías del Estado, sino con la reactivación económica a través del sector privado”, afirmó.

El presidente enfatizó que la llegada de este capital fresco será fundamental para dinamizar la economía. “Esta oportunidad repercutirá inmensamente en la recuperación económica del país”, sostuvo Mulino.

Impacto directo en la población
El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que este financiamiento de $500 millones será canalizado en iniciativas que pondrán “dinero en el bolsillo de la gente”, contribuyendo directamente al bienestar económico de los ciudadanos.

La formalización del acuerdo contó con la presencia de representantes de ambos bancos internacionales: Susana García, directora general del sector público del Banco Citi, y Marisa Pardo, directora general de sector público de América y Bancos Centroamericanos del BBVA.

Este programa marca un paso significativo en los esfuerzos del gobierno panameño por reactivar la economía nacional y fortalecer la confianza en el país a nivel global.

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Un camino de cuatro pasos

Tamayo explicó que evitar la degradación crediticia requiere avanzar en cuatro áreas críticas:

1. Reducción del gasto público:
   Aunque el gobierno presentó un presupuesto austero para 2025, el proceso legislativo incrementó los montos aprobados, limitando los ahorros previstos. Si bien hay un leve ajuste, no será suficiente para generar el ahorro necesario, dejando al país en una posición fiscal frágil.
2. Reforma de la Caja de Seguro Social (CSS):
   El sistema de pensiones enfrenta un déficit significativo, con el fondo de beneficios proyectado a agotarse en 2025. Aunque la reforma en discusión podría aliviar parte del desequilibrio a mediano plazo, no resuelve el déficit a corto plazo. El gobierno deberá destinar entre 1,000 y 1,200 millones de dólares para cubrir las pensiones el próximo año, aumentando la presión sobre sus finanzas y dificultando el cumplimiento de sus obligaciones de deuda.
3. Reforma tributaria:
   Para enfrentar las crecientes necesidades de financiamiento, Tamayo destacó la necesidad de discutir una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos. Sin embargo, esta medida, considerada impopular, requerirá un esfuerzo de comunicación y consenso para ser aprobada en la Asamblea Nacional.
4. Gestión del conflicto con la mina Cobre Panamá:
   Aunque la reapertura de la mina no resolvería el problema fiscal inmediato, podría evitar un choque financiero por posibles demandas de arbitraje internacional contra el Estado panameño. Mitigar este riesgo será esencial para mantener la estabilidad fiscal en el corto plazo.

Advertencias de las calificadoras de riesgo

La semana pasada, Moody’s cambió la perspectiva crediticia de Panamá a negativa, un llamado de atención que subraya la urgencia de estos ajustes. Actualmente, Fitch ya clasifica al país por debajo del grado de inversión, y si Moody’s adopta la misma postura, dos de las tres principales agencias de calificación degradarían la deuda panameña. Este escenario implicaría un aumento en los costos de financiamiento y una pérdida de confianza en el mercado internacional.

Voluntad política versus limitaciones

Tamayo reconoció los esfuerzos del gobierno panameño, encabezado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, por enviar señales de ajuste fiscal. Sin embargo, subrayó que pasar de la voluntad a la implementación efectiva es un desafío complejo. “Hacer tantas reformas en tan corto tiempo requiere mucho capital político y la aprobación de la población, elementos que parecen limitados”, señaló.

Con un horizonte crítico de 12 meses, Panamá deberá sortear obstáculos políticos y económicos para mantener su estabilidad financiera y evitar caer por completo fuera del grado de inversión.

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