Por: Pablo J. Gutiérrez F. III, financista especializado en gestión de riesgos, seguros y Fintech
Por allá en el 2020, en lo que parece hace casi toda una vida, escribí en un medio local un artículo titulado «Legislando hacia la miseria». En aquellos tiempos, parecía que nuestra Asamblea Nacional tenía esto como una herramienta para lo que llamé la “Cubanización” de Panamá. Lo escribí, principalmente, con la esperanza de que el tiempo me quitara la razón. Sin embargo, el Proyecto de Ley 552, aprobado en primer debate el pasado 21 de abril y hoy pendiente de segundo debate, se encargó de aterrizarme en nuestra realidad.
El proyecto modifica el Decreto Ley 9 de 1998 y se presenta como una ley de transparencia en los contratos de crédito. A primera vista, suena como algo positivo y que debe ayudar a combatir a esos codiciosos bancos que solo saben subirnos las tasas de interés, cobrarnos comisiones que parecen salir de la nada, y que se agarran de la letra más pequeña de los contratos para hacernos pasar el Niagara en bicicleta. Todas estas ideas se desvanecen cuando le damos una leída al documento y vemos que, por un lado, no solamente es redundante por lo que ya dispone la Ley Bancaria y normativa de la propia Superintendencia de Bancos (SBP), sino que también trata de revivir una idea que le daría otro duro golpe a nuestro querido Pedro, el panameño de a pie, junto a las MIPyMEs del país, y es la regulación de las tasas de interés, que no es más que un control de precios.
Ponerle techo a las tasas por ley es el equivalente a legislar que los termómetros no marquen más de 38 grados, celebrando que le bajamos la fiebre, para que horas después el paciente nos esté esperando a lado de San Pedro. El costo del dinero en Panamá no lo fija, ni lo debería nunca fijar, la Asamblea. Somos una economía dolarizada, sin banco central, y con una economía moderadamente libre. Lo que la ley sí puede terminar fijando – quizás de manera no intencionada – es quién termina pagando los platos rotos.
Un techo de tasa obligatorio termina transfiriendo el costo del riesgo a alguien más. Como bien dice el dicho, “no hay tal cosa como un almuerzo gratis”. Se cobra por adelantado, en tasas iniciales más altas, más requisitos, menos aprobaciones. El banco que no pueda cobrarlo sencillamente no presta. Y no hay crédito más caro, para una persona o empresa, que el que no puede obtener.
¿Y a quienes son los primeros que se les cierran las puertas cuando pasa todo esto? No al cliente de banca privada ni a la multinacional. No, se la cierran al panameño de a pie, con su quincena justa y su historial imperfecto. Pedro recurre entonces al prestamista informal, donde no hay SBP, ni ACODECO que valgan. Justamente, la Superintendencia citó el caso que vivieron nuestros vecinos en Costa Rica, los topes artificiales dejaron a cerca de 300,000 personas fuera del sistema formal, en manos de prestamistas. Estas son familias que ahora, más que nunca, tienen que decidir si comprar comida o pagar el 20% quincenal del crédito informal.
En el recién publicado Informe Económico Ejecutivo Mensual de APEDE (con data junio 2026) queda muy bien retratado el momento que escogimos para tan loco experimento. El crédito local crece apenas 1.26% interanual, el privado un 0.58%, y cerca del 81% del privado se concentra en hipotecas, consumo y comercio, justo donde vive, compra y debe Pedro. El proyecto de ley nos quiere empujar a echar para atrás y empeorar las cifras.
Y como mencionaba más arriba, quien también termina con la soga aún más al cuello son las MiPyMEs. Cerca del 95% de las empresas de nuestro país entran en esta categoría, según data del INEC. Categoría para la cual el crédito bancario cayó 6.7% interanual a junio, según data de la SBP, y casi tres de cada diez no califican para financiamiento bancario, de acuerdo con data presentada por INDESA en su Foro Empresarial de Agosto 2026. A ese paciente, el proyecto le receta aún menos crédito.
Afortunadamente, todavía estamos a tiempo para prevenir todo esto. Lo que se necesita no es más regulación que cree barreras artificiales, sino sumar aquello que sí baja tasas sin decreto y trae mayor transparencia. Más competencia y eficiencia en el sector, a través de la innovación y de reestructurar aquellas entidades que se han quedado algo rezagas, como las cooperativas y las sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda. Apalancarnos en lo que ya sale en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá, como lo es el uso de data alternativa para mejorar la capacidad de las empresas de servicios financieros para mejor entender, y servir, al panameño de a pie y a las MiPyMEs. Profundizar en educación financiera de verdad, para que nadie firme un contrato sin saber qué es una tasa de interés o la diferencia entre la fecha de corte y de pago. La educación y la competencia empoderan, el control de precios expulsa. De no enfocarnos en esto, seguiremos legislando hacia la miseria. Y los platos rotos, como ya dije, los seguirá pagando el panameño de a pie.
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