La Procuraduría General de la Nación (PGN) formalizó cargos contra un total de 16 personas —entre ellas funcionarios activos y un exfuncionario de la Dirección General de Ingresos (DGI)— por su presunta participación en una red dedicada a manipular el sistema tributario electrónico e-Tax 2.0 para eliminar y ceder ilegalmente créditos fiscales de contribuyentes, en un esquema que habría causado una lesión patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares.
La operación
El 8 de julio, la Policía Nacional y la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada ejecutaron la denominada Operación Pandora, con entre 23 y 25 diligencias de allanamiento simultáneas —según cifras respectivamente reportadas por la PGN y la Policía Nacional— en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. La acción derivó en la aprehensión inicial de 16 personas: 9 funcionarios públicos, 1 exfuncionario y 6 particulares.
De acuerdo con la Policía Nacional, a los implicados se les investiga por blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad. La PGN detalló que el objetivo de la organización era lograr que créditos fiscales ya pagados quedaran registrados como «pagos no aplicados» dentro del sistema E-Tax, para luego cederlos o venderlos a una entidad crediticia local.
La audiencia de garantías
Entre el 9 y el 11 de julio, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial, Zenia Pérez, presidió una audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Según el Órgano Judicial, la jueza legalizó la aprehensión de los 16 indiciados, aunque la imputación de cargos solo pudo formularse inicialmente contra 14, ya que dos de los indiciados sufrieron afectaciones médicas durante la sesión y fueron trasladados a centros hospitalarios.
De ese primer grupo, la jueza impuso detención provisional a 12 personas y retención domiciliaria a otras dos —en un caso por criterio compartido con el fiscal de la causa y, en el otro, por razones humanitarias vinculadas a la edad y estado de salud del imputado—. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal superior Emeldo Márquez y el fiscal adjunto Dagoberto Alvarado; participaron también como querellantes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y una empresa afectada.
El Órgano Judicial situó el origen de las investigaciones en 2024, mientras que el comunicado de la Policía Nacional las remonta a 2025; ambas fuentes coinciden en que el caso derivó de allanamientos previos vinculados a la manipulación del sistema DGI.
Ampliación de imputaciones
El 13 de julio, la PGN informó que se imputaron cargos a las dos personas restantes, completando así las 16 imputaciones por crimen organizado, corrupción de servidores públicos, delitos contra la fe pública y blanqueo de capitales. Con este ajuste, las medidas cautelares totales quedaron en 13 detenciones provisionales y 3 retenciones domiciliarias.
Próximos pasos
Las defensas de los imputados anunciaron la apelación de algunas de las medidas cautelares. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue fijada para el 3 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m., en la sala 5 del edificio judicial de Plaza Fortuna.
Fuentes: Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público), Policía Nacional de Panamá.
