La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) solicitó el replanteamiento total del proyecto de ley 552 que busca regular aspectos clave de los contratos de crédito en el país, al considerar que la iniciativa introduce rigideces que podrían afectar el funcionamiento del sistema financiero y el acceso al financiamiento.
El presidente ejecutivo de la ABP, Carlos Berguido, cuestionó especialmente la inclusión de límites a las tasas de interés y el uso de referencias externas obligatorias para su determinación. A su juicio, estas medidas “son dañinas” en un entorno donde los costos del crédito y de los fondos son altamente volátiles.
“El mercado requiere flexibilidad para que las tasas puedan ajustarse a las condiciones económicas. Introducir topes o mecanismos rígidos limita esa capacidad”, advirtió.
¿Qué plantea el proyecto de ley 552?
La propuesta legislativa, presentada por el diputado Ernesto Cedeño Alvarado, según su exposición de motivos, la iniciativa busca establecer normas de transparencia y equilibrio en los contratos de crédito, modificando el marco vigente del sistema bancario.
Entre sus principales disposiciones se incluyen:
- La obligación de detallar en los contratos la tasa inicial, la metodología de cálculo y el índice de referencia.
- El uso obligatorio de índices financieros públicos, verificables y autorizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
- La exigencia de establecer un límite máximo de tasa de interés durante toda la vigencia del crédito.
- La aplicación automática de reducciones en tasas cuando bajen los índices de referencia.
- La prohibición de modificar unilateralmente la fórmula de cálculo de tasas.
- Un tope a penalidades y recargos por incumplimiento, que no podrán superar el 20% del capital prestado.
El proyecto también establece mayores facultades para el regulador bancario, incluyendo la posibilidad de ordenar ajustes o devoluciones en caso de cobros indebidos.
Lecciones del pasado, según la ABP
Según el presidente ejecutivo de la ABP, Carlos Berguido, indicó que en Panamá ya experimentó controles de tasas de interés antes de 1998, cuando existían topes que incluso variaban según el tipo de crédito.
Según indicó, ese esquema restringía el acceso al financiamiento principalmente a sectores de ingresos medios y altos, mientras que productos como las tarjetas de crédito eran considerados de lujo.
Tras la liberalización de las tasas en 1998, el sistema bancario registró una expansión significativa: los depósitos se multiplicaron por cinco y la cartera crediticia por seis, impulsados por una mayor confianza en el mercado panameño.
