El diputado Ernesto Cedeño Alvarado presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular el desarrollo, promoción y supervisión de las tecnologías financieras (Fintech) en la República de Panamá.
La iniciativa, denominada “Ley Marco Integral de las Tecnologías Financieras de Panamá”, según el diputado, tiene como objetivo modernizar el sistema financiero panameño, atraer inversión, fomentar la inclusión digital y garantizar la protección de los usuarios que utilizan servicios financieros basados en tecnología.
Un marco legal específico para el ecosistema Fintech
La propuesta reconoce que, hasta ahora, muchas fintech han operado bajo figuras legales diseñadas para sociedades financieras tradicionales o remitentes de dinero, lo que ha generado cargas desproporcionadas y falta de claridad normativa. La nueva ley crea un régimen especial Fintech, diferenciado de la banca tradicional, adaptado a la naturaleza digital e innovadora de estos modelos de negocio.
Entre los objetivos centrales de la ley destacan la modernización del sistema financiero, la atracción de inversión extranjera, el impulso a la digitalización de pagos y servicios, el fortalecimiento de la inclusión financiera y la protección de los derechos de los usuarios.
Principios rectores y alcance de la ley
La regulación Fintech se fundamenta en principios como innovación regulada, neutralidad tecnológica, proporcionalidad regulatoria, integración internacional, inclusión financiera, protección al consumidor, transparencia y ética.
El anteproyecto aplica a todas las personas naturales o jurídicas que ofrezcan servicios financieros innovadores mediante tecnologías digitales en Panamá, incluyendo, entre otros, los siguientes sectores:
- Pagos electrónicos y billeteras digitales
- Crowdfunding y financiamiento colectivo
- Neobancos y bancos digitales
- Criptoactivos, tokens, NFT y stablecoins
- Plataformas de inversión y WealthTech
- InsurTech y RegTech
- Financiamiento digital para MiPymes
Asimismo, permite la incorporación futura de nuevos modelos de negocio conforme evolucione la tecnología.
Autoridad competente y gobernanza institucional
La ley establece que el Régimen Especial Fintech será administrado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), en coordinación con la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Unidad de Análisis Financiero.
Como eje central de coordinación se crea el Consejo Interinstitucional Fintech, un órgano público-privado integrado por representantes del MEF, los reguladores financieros, SENACYT, la Cámara Fintech de Panamá y el sector académico. Este consejo tendrá funciones de diseño de políticas públicas, coordinación regulatoria, supervisión del sandbox, promoción de educación financiera digital, atracción de inversión, cooperación internacional y rendición de cuentas mediante informes anuales.
Registro Nacional Fintech y sistema de licencias
El anteproyecto crea el Registro Nacional de Empresas Fintech, de carácter obligatorio y público, como requisito previo para operar legalmente en el país.
Se establecen licencias Fintech específicas por actividad, incluyendo pagos, crowdfunding, neobancos, activos digitales, plataformas de inversión, insurtech y regtech. Además, se introduce una Licencia Fintech Simplificada, dirigida a micro y pequeñas empresas, con menores exigencias de capital y cargas administrativas, con una vigencia inicial de tres años y posibilidad de migrar a una licencia ordinaria.
Las fintech licenciadas estarán sujetas a supervisión continua, presentación de reportes, políticas de gestión de riesgos, ciberseguridad, continuidad operativa y mecanismos de atención y resolución de conflictos con los usuarios.
Sandbox regulatorio para innovación controlada
La iniciativa contempla la creación de un Sandbox Regulatorio Nacional, que permitirá a las fintech probar modelos innovadores con usuarios reales, de forma temporal y bajo supervisión. El período de pruebas podrá extenderse hasta 24 meses, prorrogables por 12 meses adicionales.
Al finalizar el sandbox, las empresas deberán solicitar la licencia correspondiente o cerrar el proyecto. Las fintech participantes podrán acceder a incentivos fiscales temporales, asistencia técnica, apoyo en propiedad intelectual y acercamiento a inversionistas.
Protección al consumidor y confianza digital
La ley refuerza de forma significativa la protección del consumidor financiero digital, garantizando derechos como transparencia en tarifas y condiciones, protección de datos personales, seguridad en transacciones, mecanismos ágiles de resolución de disputas y acceso a educación financiera digital.
Las empresas Fintech estarán obligadas a implementar protocolos robustos de ciberseguridad, notificar incidentes de seguridad, prevenir fraudes digitales y responder por los perjuicios ocasionados cuando existan fallas atribuibles a la plataforma, incluyendo el reembolso al usuario afectado.
Transparencia en plataformas tecnológicas del Estado
Un capítulo específico regula la operación de plataformas digitales financieras del sector público, estableciendo que no podrán operar sin contratos formales, debidamente aprobados y publicados. El incumplimiento de estas disposiciones se clasifica como infracción muy grave, con sanciones administrativas, civiles y penales.
Incentivos, fondo de innovación y educación financiera
El anteproyecto faculta al Órgano Ejecutivo a otorgar incentivos fiscales, financieros y regulatorios a empresas Fintech que establezcan sedes regionales, generen empleo calificado o desarrollen soluciones de impacto social.
También se crea el Fondo Nacional de Innovación Financiera, destinado a financiar startups, incubadoras, aceleradoras, proyectos de I+D y alianzas con universidades, con especial énfasis en talento e innovación local.
El Estado impulsará programas de alfabetización financiera y digital, capacitación especializada y campañas de concienciación sobre seguridad y prevención de fraudes.
Open Banking y finanzas abiertas
La propuesta introduce formalmente el modelo de Open Banking y Finanzas Abiertas en Panamá, permitiendo que los usuarios autoricen el acceso a sus datos financieros a terceros proveedores, mediante APIs seguras, fomentando la competencia y la innovación.
El anteproyecto establece derechos claros para los usuarios, obligaciones de las entidades participantes y responsabilidades en caso de uso indebido o vulneración de datos.
Inteligencia artificial en servicios financieros
La ley regula el uso de inteligencia artificial en el sector financiero, estableciendo principios de transparencia, no discriminación, proporcionalidad, protección de datos y supervisión humana en decisiones críticas como créditos e inversiones.
Los consumidores tendrán derecho a solicitar revisión humana de decisiones automatizadas y a reclamar ante la autoridad competente. Además, se prevé la auditoría algorítmica y la suspensión de modelos que incumplan la normativa.
Régimen sancionatorio y disposiciones finales
El anteproyecto contempla un régimen sancionatorio escalonado, con infracciones leves, graves y muy graves, y multas que pueden alcanzar hasta B/. 2 millones, incluyendo suspensión o revocatoria definitiva de licencias.
Disposiciones finales y transición
La ley establece un período de transición para que:
- Fintech existentes se registren formalmente
- Sociedades financieras y remitentes de dinero migren al nuevo régimen
- Se armonicen leyes vigentes como la Ley 42 de 2001, Ley 48 de 2003, Ley 5 de 2007 y Ley 23 de 2015
La norma entraría en vigencia después de su promulgación en Gaceta Oficial.
Puedes ver el anteproyecto en PDF aquí:
